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Madrid (28/09/2011) - Jorge Sánchez Franco

El próximo 20 de noviembre se celebran elecciones generales en España, motivo por el cual los partidos políticos están ultimando ya sus programas electorales y las campañas a través de las cuales darán a conocer sus propuestas a la ciudadanía. Avalado por las encuestas, el Partido Popular (PP) se ve vencedor, pero no baja la guardia, tal y como ha venido demostrando Ana Pastor, coordinadora de Participación Social del PP, durante los últimos ocho años de Gobierno socialista. En todo ese tiempo, y tras su paso por el Ministerio de Sanidad, no ha dejado de lado a ninguna de las organizaciones que forman parte activa del Sistema Nacional de Salud (SNS), dejando así muy bien definidas las que serán las líneas estratégicas de la política sanitaria de su partido. Por otro lado, el actual secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha demostrado su gran valía durante las dos legislaturas que ha estado en el Ministerio de Sanidad, donde debutó como director general de Farmacia. El hecho de haber sobrevivido a cuatro ministros (Elena Salgado, Bernat Soria, Trinidad Jiménez y Leire Pajín) deja entrever que ha sido él quien ha llevado sobre sus espaldas el enorme peso de la Sanidad española, y quizás por eso es a él a quien se le ha encargado nuevamente la elaboración del programa electoral del PSOE en su vertiente sanitaria.

José Martínez Olmos

¿En qué puede afectar a la Sanidad la inclusión de la estabilidad presupuestaria en la Constitución Española?

El planteamiento del equilibrio presupuestario tiene como principal objetivo hacer viables todas las prestaciones y servicios de todas las administraciones públicas. Por ello, aunque no es una cuestión dirigida exclusivamente a la Sanidad, bien es cierto que podría verse beneficiada.

¿Qué balance hace de las dos legislaturas de Zapatero en materia sanitaria?

Hemos actualizado el catálogo de prestaciones, que estaba sin revisar desde 1995; se han puesto en marcha los servicios de referencia del SNS, con un balance de más de 100 unidades aprobadas por el Consejo Interterritorial; el Fondo de Cohesión se ha dotado con más de 90 millones de euros, frente a los 49 con que contaba en 2004; junto con las comunidades autónomas, hemos aprobado numerosas estrategias de salud en patologías tan relevantes como el cáncer, la diabetes, los cuidados paliativos o el ictus; se ha hecho mucho más eficiente la prestación farmacéutica, pasándose del 11,02 por ciento de gasto en abril de 2004 al -9 actual; hemos solventado con éxito la crisis de la gripe A; y se han aprobado normativas tan importantes como la Ley de Seguridad Alimentaria, la Ley de Prevención del Tabaquismo o la Ley de Salud Pública.

¿Qué medidas considera ahora más urgentes?

En un contexto de crisis económica como el actual, en el que disminuyen los ingresos de todas las administraciones públicas, es necesario seguir trabajando en la línea de la austeridad y de la eficiencia. Por ello, asegurar la sostenibilidad de la Sanidad pública es nuestro reto para los próximos años. Se trata de un desafío totalmente asumible en tanto en cuanto contamos con un sistema eficiente, relativamente barato (1.500 euros por habitante y año) y de gran calidad. A este respecto, todas las medidas que adoptemos en este ámbito si ganamos las próximas elecciones generales irán encaminadas a lograr este objetivo.

¿Qué tiene que decir a quienes siguen criticando el último decreto antidéficit del Gobierno?

Toda política que logre ahorros a costa de los medicamentos no protegidos por patente es absolutamente justificable; más aún si nos encontramos en un contexto de crisis económica como el actual. Tales medidas se han tomado con sentido de Estado, ya que su principal objetivo es hacer viables las cuentas de las comunidades autónomas, y no el presupuesto del Ministerio de Sanidad. Además, fueron aprobadas en el Consejo Interterritorial y ningún grupo parlamentario se opuso a su tramitación en el Congreso de los Diputados. Esto entra dentro de la estrategia de austeridad y eficiencia ya mencionada.

¿Qué acciones hay previstas en materia de política farmacéutica si el PSOE vuelve a ganar las elecciones generales?

Pretendemos seguir favoreciendo la incorporación de los fármacos innovadores en el nomenclátor del SNS para que estén accesibles a todos los pacientes. Por supuesto, esto hay que hacerlo en estrecha colaboración con la industria farmacéutica y demás agentes implicados en la cadena del medicamento. Por otro lado, esperamos que la generalización de la prescripción por principio activo haga más eficiente el sistema. Bien es cierto que los laboratorios farmacéuticos echan de menos un marco más predecible para la política farmacéutica española, pero es muy difícil que haya estabilidad en una situación como la actual, y es más que evidente que si la Sanidad no es sostenible tampoco lo será la industria.

¿Qué relación se plantea el PSOE con la industria para la próxima legislatura?

De momento, para el Gobierno sigue siendo válido el Plan Sectorial, donde se seguirán buscando posibles espacios de colaboración. Asimismo, aprovecharemos todos los recursos que están a disposición del Ejecutivo para fomentar la innovación en la industria farmacéutica. El Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Industria jugarán un papel clave en esta estrategia.

¿Va a haber desfinanciación de fármacos?

La sostenibilidad del sistema no pasa por la eliminación de prestaciones ni mucho menos. Creemos que es posible mantener nuestro sistema sanitario al coste que tiene sin problema alguno para las arcas públicas.

¿Qué relación se plantea el PSOE con la Sanidad privada?

Apostamos claramente por un sistema sanitario público, a diferencia del PP, cuyo modelo pretende incorporar la Sanidad privada en la gestión de los centros sanitarios públicos. La solución no pasa por ahí, ya que el sistema terminaría siendo más caro, entre otras cosas. Otra propuesta muy distinta es la colaboración público-privada en actuaciones puntuales, como la concertación de prestaciones muy concretas. También seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas de las patronales de la Sanidad privada que vayan encaminadas a la búsqueda de la excelencia, ya que creemos que benefician al conjunto de los ciudadanos, y convertiremos la aplicación de la directiva europea de servicios en España en una oportunidad para el sector. Nada más allá, porque la Sanidad pública es perfectamente sostenible en España gracias a las medidas que estamos adoptando de control del gasto y de eficiencia. Por supuesto, también hay que poner recursos adicionales, pero no servirá de nada si no se asegura de alguna manera que dicho dinero se queda en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas.

¿Se van a tomar medidas de política farmacéutica más centradas en la demanda?

No. Creemos que es importante concienciar a los ciudadanos en el uso racional de los recursos públicos, con la implicación de los profesionales sanitarios. Sin embargo, no somos partidarios del copago porque puede generar dificultades de acceso a quienes realmente necesitan hacer uso del sistema y no cuentan con recursos. Quien plantée el copago como una posible solución tendrá que exigir un cambio en el modelo de financiación autonómica que asegure el carácter finalista de tales recursos.

¿En qué punto se encuentra la Estrategia Nacional de Atención a Pacientes Crónicos?

Esperamos tener listo un primer borrador antes de que acabe el año. En él vamos a tener muy en cuenta las experiencias que se están llevando a cabo en diferentes comunidades autónomas, así como los puntos de vista de diferentes organizaciones profesionales. Sabemos que la puesta en marcha de esta estrategia incrementará calidad asistencial.

¿Qué medidas se llevarán a cabo en el ámbito de la Atención Primaria?

El próximo 13 de octubre se celebrará la 1ª Conferencia de Atención Primaria, que tiene por objetivo la revisión de la Estrategia AP21. En general, los socialistas somos partidarios de incrementar la inversión económica, disminuir las tareas burocráticas del médico de familia y fomentar la coordinación con la atención especializada. Todas estas medidas están dirigidas a mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel asistencial. En este contexto, el personal de enfermería puede y debe jugar un papel clave. En el futuro, también queremos impulsar una estrategia de coordinación sociosanitaria.

¿Cuáles son los planteamientos socialistas en relación con la política de Recursos Humanos?

El Ministerio de Sanidad no puede hacer nada en materia de política retributiva y carrera profesional porque es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. No ocurre lo mismo con la planificación de necesidades de profesionales sanitarios. Cuando llegamos al Gobierno en 2004, nos encontramos con que en las facultades de Medicina sólo entraban un total de 4.200 alumnos, cuando se necesitaban cerca de 7.000 médicos. Hemos trabajamos en estrecha colaboración con las universidad hasta lograr alcanzar los 6.800 alumnos actuales. En cuanto a la creación de un registro nacional de profesionales, las comunidades autónomas deben hacer su trabajo y proporcionar al Gobierno de España los datos de que disponen. De momento, el Ministerio de Sanidad sólo dispone de cifras aproximativas gracias a los colegios de médicos. El PP no debería hacer más demagogia con este tema.

¿En qué punto se encuentra la solución a los mestos?

Seguimos negociando con las autoridades europeas la aceptación de una solución definitiva al conflicto, a pesar de que ya nos han planteado su disconformidad en numerosas ocasiones. No es algo que dependa exclusivamente de la voluntad del Gobierno, ya que la apertura de un nuevo proceso de regularización debe contar con el visto bueno de la Unión Europea. Están analizando el problema con cierta cautela porque el colectivo no parece que sea muy numeroso y básicamente está compuesto de personas que o no aprobaron el examen de 2001 o ni siquiera se presentaron. No olvidemos que dicha prueba era la última oportunidad que concedía la Unión Europea. En cuanto a la proposición de ley liderada por PP y CiU, no cambiará nada su aprobación. Es la norma europea y no la española la que no permite dicha regularización. Además, España podría ser multada si abre un proceso así sin la autorización de la Comisión Europea

¿En qué va a consistir la propuesta de modelo de financiación anunciada recientemente por el candidato socialista?

El PSOE propondrá una serie de medidas con el objetivo de garantizar que la Sanidad recibe el dinero que necesita, en línea con su apuesta por la sostenibilidad del sistema sanitario público. En este contexto, Rubalcaba ya ha prometido inyectar 8.000 millones de euros a la financiación autonómica si gana las próximas elecciones generales. Entre otras medidas, vamos a proponer que una buena parte de esos fondos vayan a parar a los presupuestos sanitarios de las regiones. En los mismos términos se expresó la ministra de Sanidad, Leire Pajín, al anunciar los 2.400 millones de euros que se ahorrarán las comunidades gracias a la generalización de la prescripción por principio activo. En general, el PSOE propone que todos aquellos recursos y ahorros adicionales propiciados por el Gobierno de España en favor de las autonomías se queden en las cuentas sanitarias de éstas. Si no es así, difícilmente será sostenible el SNS. No obstante, la responsabilidad última la tienen los ejecutivos autonómicos. ¿Qué ha ocurrido si no con los 4.500 millones de euros ahorrados gracias a los reales decretos 4/2010 y 8/2010?

¿Qué opina del funcionamiento del Consejo Interterritorial?

Pienso que es un buen órgano de gobierno del SNS. Mejoraría enormemente si todos cumpliéramos con los compromisos adquiridos en el pleno. No obstante, su funcionamiento ha mejorado mucho con respecto al pasado, alcanzándose acuerdos muy importantes en relación con las crisis de la gripe A, los reales decretos 4/2010 y 8/2010 o la reciente generalización de la prescripción por principio activo.

¿Existe intención de retomar el malogrado Pacto por la Sanidad?

Siempre hemos sido partidarios de esta iniciativa. De hecho, se alcanzaron numerosos acuerdos en el marco del Pacto por la Sanidad. Pero ha sido finalmente el PP quien no ha querido que salga adelante. Habría sido una herramienta muy útil si se hubiera logrado el consenso. No obstante, seguiremos trabajando en este sentido.

¿Se plantea el PSOE devolver las competencias sanitarias al Gobierno central?

Los socialistas apoyamos firmemente el Estado de las Autonomías, por lo que no creemos que devolver competencias al Gobierno central sea un planteamiento útil para los ciudadanos. Por el contrario, hay que trabajar a favor de una mayor coordinación y cohesión autonómicas, y de una financiación adecuada.

¿Qué valoración hace de la crisis de la farmacia de Castilla-La Mancha?

Creo que ha quedado claro que el Ministerio de Sanidad no puede obligar al señor Echániz a que pague o deje de pagar. Desde el 1 de enero de 2002 hasta mayo de 2011, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado pagando a las farmacias con regularidad, y fue así porque el presidente Barreda decidió priorizar por ahí, y no porque le dijera nada ningún gobierno. Son ellos quienes tienen que explicar por qué han dejado de pagar, y no el Ministerio de Sanidad. Si no son capaces de gobernar que dejen a otros. Tienen que asumir sus responsabilidades y no centrarse en criticar lo que hizo o dejo de hacer el anterior ejecutivo. Las autonomías gestionan sus presupuestos y son ellas las que deben priorizar unas partidas u otras. Precisamente, el recién aprobado decreto antidéficit supondrá un ahorro de 120 millones de euros para Castilla-La Mancha. ¿Por qué no lo destinan a su presupuesto sanitario? También se puede recurrir a los fondos del ICO para pagar a los proveedores. La estrategia que plantea el PP en Castilla-La Mancha pretende hacer ver a los ciudadanos que el sistema es insostenible para, a partir de ahí, recurrir a la Sanidad privada. La factura pendiente es perfectamente asumible. Nadie puede creerse lo contrario.

¿Desea añadir algo en especial?

El sistema sanitario español lo hemos construido entre todos, pero si algún partido político puede tener un especial protagonismo en el desarrollo de la Sanidad pública, ése es el PSOE. Estamos convencidos de que el SNS es perfectamente sostenible desde lo público, y lo vamos a demostrar poniendo sobre la mesa una serie de medidas concretas. Por su parte, no está claro que el PP defienda que el sistema sanitario del futuro tenga que ser público al cien por cien como lo viene siendo hasta ahora.

Ana Pastor

¿En qué puede afectar a la Sanidad la reciente modificación de la Constitución Española?

La inclusión de la estabilidad presupuestaria en la Constitución Española garantizará la puesta en marcha y mantenimiento de una buena política social en el futuro. En este contexto se enmarca la necesidad de que los españoles contemos con un sistema sanitario público, sostenible y solidario. No hay nada peor que gastar más de lo que uno puede, tal y como vienen haciendo los socialistas. En este momento, la gran perjudicada por la ausencia de una política económica generadora de empleo y riqueza es la Sanidad, que hoy en día presenta un agujero de 15.000 millones de euros.

¿Qué balance hace de las dos legislaturas de Zapatero en materia sanitaria?

Es importante apuntar aquí que el gasto sanitario per cápita era de casi 1.000 euros en 2004, año en el que Zapatero llega a La Moncloa. Ocho años después, dicha cifra apenas se ha incrementado en 200 euros de media. De 1996 a 2004, el Gobierno popular duplicó el presupuesto sanitario, pasándose de 400 a 1.000 euros de gasto sanitario per cápita. Dicho esto, la ausencia de una buena política económica que contemplara la asignación de recursos a la Sanidad ha generado numerosos e importantes problemas. Cuando el presidente del Gobierno concluyó en la Conferencia de Presidentes de 2005 que el problema de la Sanidad se arreglaba con los anticipos de caja, se estaba hiriendo de gravedad a nuestro sistema sanitario, porque no reconocer que la Sanidad necesita una financiación suficiente y estable es no querer admitir que se trata de uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. El gran problema de la Sanidad después de casi ocho años de gobierno socialista es la subfinanciación, pues se parte de presupuestos que están por debajo del gasto de años anteriores. La política de Recursos Humanos también suspende. Los profesionales sanitarios no se han sentido representados en las medidas llevadas a cabo. Entre otras cosas, éstos tenían grandes expectativas en relación con el desarrollo de la LOPS y la puesta en marcha de verdaderas reformas estructurales en el SNS. Nada se ha sabido de esto, ni de la troncalidad, ni de las áreas de capacitación específica, ni del registro de profesionales, ni de la carrera profesional. Por último, es de destacar la creciente falta de liderazgo del Ministerio de Sanidad, al que se le han ido arrebatando competencias tan importantes como el control de la investigación biomédica. Es otro grave error de los socialistas, porque más del 40 por ciento de la producción científica de nuestro país procede de las instituciones sanitarias.

¿Qué medidas pondrá en marcha el PP nada más llegar a La Moncloa si gana las elecciones?

En primer lugar, se diseñará una nueva política de Recursos Humanos. Paralelamente, pretendemos llevar a cabo una profunda reforma estructural del sistema sanitario, que será reorientado hacia los pacientes crónicos. En este sentido, los profesionales sanitarios gozarán de mayor autonomía, y se incrementará la capacidad resolutiva del primer nivel asistencial. El objetivo final de esta reordenación es que los pacientes puedan tener resuelto cualquier problema de su salud en una sola visita, y no necesiten regresar dos o más veces, tal y como ocurre ahora. Sin duda alguna, este cambio hay que hacerlo con la ayuda de todos los profesionales sanitarios. Otras acciones que pondremos en marcha de manera urgente son: el diseño de una verdadera política de cohesión; la conformación de un sistema de información único y compartido que evite duplicidades; el incremento de la inversión en políticas de prevención; el establecimiento de una cartera de servicios comunes para el SNS; la recuperación de los planes integrales de salud; la elaboración de un plan de política farmacéutica en colaboración con las comunidades autónomas, y la recuperación de las competencias en investigación biomédica por parte del Ministerio de Sanidad.

¿Conoce ya los apellidos que podría llevar el Ministerio de Sanidad?

Eso se lo tiene que preguntar a Mariano Rajoy. De momento, sólo queremos trasladar a todos los profesionales sanitarios y a la población general la idea de que existe otro modo de hacer las cosas. Tenemos un buen sistema sanitario, pero requiere urgentemente una buena financiación y una profunda remodelación. Por encima de todo, nuestra intención es preservar un sistema sanitario público al que tengan acceso todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que vivan y del nivel de renta de que gocen. Para ello, necesitamos que los ciudadanos nos den su confianza el próximo 20 de noviembre.

¿Qué valoración hace del último decreto antidéficit del Gobierno?

Es otro signo más de la política de bandazos que caracteriza a este gobierno. Con este decreto, han querido hacer en ocho días lo que no han hecho en ocho años. Sin embargo, se está generando más inestabilidad que nunca y demasiada incertidumbre. Además, no se están resolviendo los problemas de la política farmacéutica de nuestro país. Falta una estrategia clara, y buena muestra de ello es que se ha ido recuperando el sistema de precios de referencia del PP, derogado por Elena Salgado nada más llegar al Ministerio de Sanidad. Nos ha sorprendido enormemente que se hayan incluido en dicho decreto aspectos tales como la tarjeta sanitaria única, la receta electrónica, la histórica clínica compartida o el calendario vacunal único, poniéndose como fecha tope el 2013. Cuando el PP dejó de gobernar en 2004, el sistema común de identificación e intercambio de datos de tarjeta sanitaria daba servicio a 12 autonomías, exactamente las mismas que ahora. En ocho días no se puede hacer todo, como intentan los malos estudiantes.

¿Qué acciones tiene previstas el PP en materia de política farmacéutica?

En primer lugar, elaboraremos un plan integral de política farmacéutica que contemple, entre otras cosas, una mayor participación de las comunidades autónomas en el proceso de selección de aquellos fármacos que pasarán a formar parte de nuestro nomenclátor. En este contexto, se realizará un exhaustivo análisis previo de cada medicamento para que no haya ni una sola innovación que se quede fuera de la financiación pública. En esta misma línea, incrementaremos la incentivación de la inversión en I+D+i. Por otro lado, se potenciará el uso de guías farmacoterapéuticas en todos los servicios sanitarios, y se pondrá en marcha un plan estatal de seguridad en el uso de los medicamentos. Por último, el PP aboga por el establecimiento de un catálogo común y único de prestación farmacéutica para todo el territorio nacional, así como por el diseño de un sistema de precios de referencia previsible, automático y estable.

¿Dónde queda aquí el polémico catálogo gallego de medicamentos?

Esta normativa no hace otra cosa sino aplicar los precios de referencia que tenían que haber entrado en vigor según la ley de 2003, anulada por Elena Salgado nada más llegar al Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, la política gallega es la de 2003 en España y con ella gobernaremos.

¿Cómo será la relación del Gobierno central con la industria farmacéutica en el caso de que el PP gane finalmente las próximas elecciones?

Por encima de todo, la cadena del medicamento (industria, distribución y farmacéuticos) gozará de un escenario estable y previsible, que se guiará por el diálogo y la búsqueda de puntos de encuentro, a favor todo ello de la sostenibilidad del SNS. El objetivo que debemos perseguir no es otro que el que nuestros ciudadanos tengan acceso a los mejores medicamentos mediante una política de precios transparente. Gracias a ello, todos los laboratorios farmacéuticos sabrán con un año de antelación cuáles de sus productos tienen que bajar su precio. No habrá improvisación.

¿Cabe la posibilidad de que haya desfinanciación de fármacos?

Ya demostramos cuando gobernamos que se puede tener el mejor sistema sanitario si se lleva a cabo una buena política económica. Por lo tanto, preservaremos esa Sanidad de calidad como ya hicimos entonces.

¿Tomará el PP medidas de política farmacéutica más centradas en la demanda?

Antes de nada, me gustaría dejar claro que la inmensa mayoría de los ciudadanos que acuden a los servicios sanitarios lo hacen por necesidad. Por ello, antes que actuar sobre la demanda habría que hacer una profunda reflexión sobre el modo en que está organizado nuestro sistema sanitario, que intuyo no es el más adecuado. Lo que no es normal es que una persona tenga que acudir al mismo servicio hasta doce veces. En este contexto, daremos más medios diagnósticos a los médicos de Atención Primaria con el objetivo de reducir derivaciones innecesarias, y promoveremos la coordinación entre niveles asistenciales, entre otras medidas destacadas. Esto no quita que las administraciones deban promover una buena educación sanitaria al respecto.

Ya ha afirmado en varias ocasiones que no habrá copago mientras el PP gobierne. ¿Esto significa que llevarán a cabo la tan ansiada reforma estructural del modelo de financiación sanitaria?

Efectivamente, ni hemos contemplado el copago en nuestro programa electoral ni lo haremos en el futuro, porque entendemos que la Sanidad es lo que más redistribuye la riqueza, entre otras cosas. Para empezar, fue el PSOE quien cambio el modelo de financiación. Además, parece que a Zapatero se le olvidó en ese momento que cualquier sistema, sea mejor o peor, debe tener recursos. Entre otras causas, el agujero de 15.000 millones de euros se debe a los cinco millones de parados que tiene España, así como a la creciente reducción de sus ingresos. La crisis económica que no reconocieron los socialistas ha derivado en una crisis social, pues falta dinero para la Sanidad, la dependencia y el Estado del Bienestar en general. El PP plantea un cambio de rumbo en la política económica de nuestro país, que genere de nuevo riqueza y sirva para mantener y reforzar el Estado del Bienestar. Somos creíbles porque ya lo hemos hecho.

¿Qué medidas propone el PP para mejorar la Atención Primaria?

Los profesionales que trabajan en el primer nivel asistencial español están mejor formados que nunca, aunque poco motivados. Por ello, proponemos una gran reforma estructural de la Atención Primaria, que tenga como ejes básicos el diseño de una carrera profesional específica, la autonomía de gestión, la desburocratización y la asignación de más medios diagnósticos.

¿Qué acciones plantea el PP en relación con la política de Recursos Humanos?

Elaboraremos un plan estatal de Recursos Humanos del SNS y del sistema sociosanitario; crearemos un sistema homologado de desarrollo profesional; planificaremos el número de alumnos de las facultades de Medicina y del resto de las profesiones sanitarias; elaboraremos un registro estatal de profesionales sanitarios; promoveremos la movilidad de los profesionales; actualizaremos las funciones de los distintos profesionales, centrándonos especialmente en el personal de enfermería; diseñaremos un plan nacional de seguridad de los profesionales sanitarios; implantaremos un cambio en el sistema retributivo que tenga en cuenta la actividad clínica, docente e investigadora y la implicación de los profesionales; crearemos un Observatorio de Retribuciones; y potenciaremos la formación continuada.

¿Qué hay pensado hacer con los mestos?

Tenemos el máximo interés en que su problema se resuelva cuanto antes. La proposición de ley encabezada por CiU y PP no se ha votado finalmente en el Congreso de los Diputados porque no ha dado tiempo. No obstante, vamos a seguir defendiendo la regularización de este colectivo estemos o no en el Gobierno.

¿Se plantea reformar el Consejo Interterritorial?

Este órgano tiene las competencias que quisieron los partidos políticos y las comunidades autónomas, por lo que entiendo que está bien como está. Lo que hace falta es un mayor liderazgo del SNS.

¿Intentará recuperar el PP el Pacto por la Sanidad?

No entiendo otro modo de hacer política si no es mediante pactos. Sin embargo, se ha hablado mucho del Pacto por la Sanidad y finalmente no se ha hecho nada. Me hubiera gustado que hubiera salido adelante, pero era evidente que no iba a ser así cuando el documento de conclusiones ni siquiera hablaba de la financiación sanitaria. Cuando gobernó el PP se aprobaron cinco leyes con el consenso de todos los partidos políticos, y por esa línea vamos a seguir.

¿Se plantea el PP devolver las competencias sanitarias al Gobierno central?

Están muy bien donde están. Creo que la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas ha sido algo muy positivo.

La transparencia será un eje clave de la política sanitaria del PP. ¿En qué se va a concretar?

Queremos hacer de la Agencia Española del Medicamento un ejemplo de transparencia, de tal modo que toda la información sobre aprobaciones de fármacos, desarrollo de ensayos clínicos, peticiones de registro y demás esté perfectamente disponible no sólo para los interesados, sino también para la población general. También elaboraremos un código de buenas prácticas para sus trabajadores. Extenderemos estas acciones al resto de organismos sanitarios.

¿Pondrán en marcha algún tipo de instituto de evaluación de tecnologías sanitarias?

Queremos crear un centro experimental de I+D+i en tecnología sanitaria, en colaboración con las universidades y las empresas. Esta iniciativa permitirá el desarrollo de prototipos, modelos de utilidad y diseños adaptados a las necesidades de las instituciones sanitarias.

¿Qué valoración hace de la crisis farmacéutica de Castilla-La Mancha?

Castilla-La Mancha se ha encontrado con una situación financiera nefasta. No obstante, me consta que se está trabajando estrechamente con los farmacéuticos de la comunidad para intentar resolver cuanto antes un problema generado por el anterior ejecutivo. Quepa decir aquí que el PP va a seguir apostando por el modelo de farmacia español, porque es un servicio público de gran calidad.

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